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Celulares en las cárceles: el gobierno los quiere sacar y desató la polémica

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El ex titular del Servicio Penitenciario Pablo Cococcioni le respondió al actual responsable del área Héctor Acuña, ante el anuncio de retirar los teléfonos de los pabellones.

Una fuerte polémica se abrió este jueves en Santa Fe, tras la decisión del gobierno provincial de comenzar a retirar de las cárceles los teléfonos celulares en poder de los reclusos, habilitados para entretenimiento pero que, en más de una ocasión, les permitió a algunos presos “comandar” operaciones delictivas detrás de los muros.

«Tenemos la decisión política de avanzar en esta cuestión», afirmó ayer a LT10 el subsecretario de Asuntos Penales y Penitenciarios, Héctor Acuña, quien estimó que hay entre 2.500 y 3.000 dispositivos en las celdas.

El funcionario señaló que en los 50 días que lleva la gestión de Omar Perotti se incautaron 500 teléfonos.

Atentados

El tema del uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia quedó expuesto una vez más en el transcurso de una imputativa este miércoles en Rosario. Se trata de un recluso acusado de participar en la balacera del 3 de enero pasado contra el Centro de Justicia Penal de esa ciudad.

Respuesta

Poco después de los dichos de Acuña, el ex titular del área durante la gestión del Socialismo, Pablo Cococcioni, salió a responderle a través de las redes sociales.

“La prohibición de que los reclusos utilicen celulares en las cárceles, con la consiguiente autorización para instalar inhibidores de señal, data de mediados de 2017. Se trata de leyes nacionales, cuyo dictado por las provincias sería inconstitucional”, advirtió.

También recordó que hace ya algunos años, y sin norma expresa que lo habilite, la provincia de Santa Fe avanzó en la compra de inhibidores de señal, “lo cual -dijo- nos valió un serio conflicto con la autoridad nacional de aplicación (ENACOM), que llegó a ordenar el apagado de uno de los dispositivos”.

“En paralelo, se reformuló el diseño de los antiguos Grupos de Requisa, que pasaron a formar una unidad centralizada bajo la dependencia del Director General. Es decir, los requisadores dejaron de depender del director del penal, lo cual despertaba legítimas suspicacias”, apuntó.

Según Cococcioni, la cantidad de celulares cuyo secuestro anuncia la actual gestión, es inferior al de unos meses atrás, cuando se encontraba aún el anterior gobierno y muy inferior en promedio a los 6000 que se secuestraron en 2019, los cuales se pusieron a disposición de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y derechos patrimoniales (APRAD) para su subasta.

“Cosa de ignorante”

Cococcioni fue muy duro para con su sucesor en el cargo y expresó: “Acusar a la anterior gestión de no tener voluntad política para instalar inhibidores de señal es cosa de ignorante, y hablar de la supuesta decisión política de la gestión actual es una caradurez”.

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