Un informe del Organismo de Investigaciones, que asiste a los fiscales, advirtió sobre cambios en lugares de alojamiento de presos de alto perfil

Una nueva polémica se abrió en Santa Fe en torno a la criminalidad organizada después de que sonaran alarmas en los poderes legislativo y judicial y en un sector del gobierno provincial sobre un supuesto relajamiento del régimen especial de detención para presos de alto perfil por parte de las nuevas autoridades penitenciarias.

Las primeras líneas de las principales bandas están tras las rejas en su gran mayoría, distribuidos de forma finamente planificada en dos pabellones de alta seguridad de la cárcel de Coronda y en cinco de Piñero. El régimen en esos pabellones implica inhibidores de señales de celulares, mayor frecuencia de requisas, espacios de visitas diferenciados del resto, un teléfono fijo como única vía de comunicación al exterior, traslados con custodia diferenciada y vigilancia permanente de los espacios comunes.

Un informe del Organismo de Investigaciones, que asiste a los fiscales, fue el primero en advertir sobre la situación de cambios en lugares de alojamiento de algunos de esos presos. A eso se sumó un pedido de informes en la Legislatura provincial del radical Juan Cruz Cándido. No es cualquier diputado. Fue hasta diciembre pasado funcionario del Ministerio de Seguridad bajo las órdenes de quien entonces era el ministro y ahora el jefe de la bancada, Maximiliano Pullaro. Solicitó información sobre cómo funciona el régimen especial para detenidos de alto perfil con el nuevo gobierno, cantidad de presos bajo esas condiciones, bajo cuál de los tres niveles posibles de seguridad se encuentran y en qué pabellones.

El diputado opositor pidió informes sobre la solicitud de traslado de Esteban Lindor Alvarado, jefe de una de las bandas narco más pesadas para ser operado de urgencia por hemorroides “con fecha y hora particular”, dijo Cándido. Alvarado está detenido desde febrero de 2019 y enfrenta una expectativa de condena a cadena perpetua.

Ese pedido efectivamente existió y es uno de los casos que más atención requirió en el Poder Judicial, porque los defensores de Alvarado hicieron el pedido en el medio de la feria judicial. Presentaron un turno en el Sanatorio Norte de Rosario para el 23 de enero para practicarle una cirugía, la orden de internación y hasta la dieta prequirúrgica, todo con la firma de un médico que evidentemente no pudo examinar en persona al reo.

Tras una audiencia oral y pública la jueza Silvia Castelli se negó a levantar la feria, ya que ningún informe médico respaldaba la urgencia quirúrgica esgrimida. En la resolución dejó aclarado que una vez finalizada la feria, la gestión del turno corresponde al Servicio Penitenciario y en un hospital público.

Allí hubo idas y vueltas sobre el cumplimiento de esa medida, ya que jefes penitenciarios pretendían trasladar al preso que supone en un doble riesgo, de fuga o de ser víctima de venganza, sin aviso previo a la Justicia amparado en que es ese Servicio el que dispone los movimientos de los presos. El fiscal del caso se opuso y exigió que no se lo traslade sin antes informar las condiciones del operativo y estadía.

Por otra parte en apenas dos meses y medio de gestión hubo presos de alto perfil que fueron trasladados a pabellones comunes “con su gente”. Y otros que directamente fueron cambiados de cárceles.

El caso que más repercute es el de René Ungaro, detenido por el asesinato del jefe de la barra brava de Newell’s Pimpi Caminos, por organizar delitos desde el interior de la cárcel y referente de una de las bandas criminales de zona sur. El 17 de enero fue movido junto a tres de sus cómplices desde el pabellón 28 de alto perfil donde estaba alojado al 13 de presos comunes, donde hay integrantes de su banda de menor rango. A los pocos días de ese beneficio, la Policía capturó a Ariel Teletubi Acosta, miembro resonante de la banda porque se había fugado nada menos que del Centro de Justicia Penal de Rosario a donde había sido trasladado para una audiencia en diciembre pasado.

También devolvieron a la cárcel de Piñero a miembros del clan Caminos y otros presos de alto perfil que estaban alojados en Coronda. Habían sido llevados especialmente porque se detectó que desde esa unidad penitenciaria delitos referidos a tráfico y hechos violentos. Según las averiguaciones que hizo este medio, el argumento formal del traslado es que el pabellón de Coronda donde estaban se inundó tras una tormenta y debe ser reparado.

También se argumenta que desde que Ungaro fue movido con “los comunes” no hubo ningún problema. Y que es sometido a requisas sin ningún privilegio. Como ejemplo se aduce que en una de ellas al grupo se le encontraron 6 celulares y que se los remitió a los fiscales como objeto de información y fuente de datos. Los que no ven con buenos ojos el cambio de pabellón a Ungaro, interpretan el mismo hecho exactamente al revés. Para ellos es la comprobación de que Ungaro recuperó margen de maniobra y posibilidades de contacto con el exterior para organizar acciones desde el interior de la cárcel.

Uno de los presos de más alto perfil alojado en Piñero es Ramón Machuca, alias Monchi, uno de los jefes de la banda de Los Monos. A diferencia de Ungaro, Monchi permanece en el pabellón de alto perfil. Sí consiguió una entrevista con el director del Subsecretario del Servicio Penitenciario, Héctor Acuna, y dos oficiales penitenciarios de alto rango como testigos, que se realizó en la dirección de la cárcel de Piñero. Hasta donde pudo saber este cronista pidió que la visita con su pareja no sea con un blíndex de por medio.

El régimen especial de presos de alto perfil se creó justamente para cortar el accionar de las bandas desde el interior de las cárceles, desde donde jefes y segundas líneas planificaban y ordenaban asesinatos y extorsiones al tiempo que seguían administrando el negocio narco. De hecho desde que están encarcelados muchos de esos presos fueron imputados por nuevos delitos. El caso más paradigmático es el de Ariel Guille Cantero, uno de los jefes de banda de Los Monos, que desde el interior organizó tráfico de droga, ordenó un secuestro y balaceras intimidatorias contra edificios públicos y viviendas de jueces y fiscales. Lo hizo desde penitenciarías provinciales y, una vez llevado a la cárcel federal de Marcos Paz continuó desde allí.

Con el nuevo gobierno provincial el área penitenciaria salió de la órbita del Ministerio de Seguridad y volvió a Justicia, que a su vez dejó de ser ministerio y quedó reducida a una secretaría del Ministerio de Gobierno.

En los ámbitos legislativo y judicial se menciona que existen resquemores entre uno y otro ministerio. Si bien tiene lógica que el cumplimiento de las condenas las tenga un área de mayor vinculación con la Justicia, no es menos cierto que la detención, condena, traslados y condiciones de alojamiento de presos de alto perfil repercute todo el tiempo con lo que pasa en las calles, especialmente en los enfrentamientos de bandas por el control del territorio.

Los fiscales como el Ministerio de Seguridad preferirían ser alertados anticipadamente sobre esos movimientos, más allá de que la ley le da a la autoridad penitenciaria la capacidad de disponer por decisión propia. Sin ir más lejos, en las investigaciones sobre algunos de los varios homicidios ejecutados con sicarios en lo que va del año, la fiscalía recogió indicios claros de que salieron órdenes desde el interior de unidades penitenciarias de la provincia, aunque las fuentes no quisieron especificar datos precisos. Algunos de esos crímenes generaron otros como represalia.

Tanto desde el Ministerio de Seguridad como de Gobierno evitaron hacer comentarios para este artículo.