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Los detalles del DNU que declara servicios públicos a internet, telefonía y TV paga

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La medida, que el presidente Alberto Fernández había adelantado más temprano a través de Twitter, fue dispuesta mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia.

El Gobierno declaró este viernes, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), «servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia» a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga, al tiempo que suspendió «cualquier aumento de precios o modificación de los mismos» hasta el 31 de diciembre.
La medida, que el presidente Alberto Fernández había adelantado más temprano a través de Twitter, fue dispuesta mediante un DNU.
En los considerandos, la disposición remarca que, durante la gestión de Cambiemos, «mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/2015 se derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación».
Y subraya que esa decisión se tomó «abandonándose la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional».
En ese marco, se recuerda que la Carta Magna «en su artículo 42 establece el deber de las autoridades de proveer a la protección de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados así como a la calidad y eficiencia de los servicios públicos».
Asimismo, se destaca «que el derecho humano al acceso a las TIC y a la comunicación por cualquiera de sus plataformas requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables».
Por lo tanto, añade, «es necesario recuperar los instrumentos normativos que permitan garantizar para la totalidad de los y las habitantes de la Nación el acceso» a a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), estableciendo además planes accesibles e inclusivos que garanticen una prestación básica universal obligatoria».
Por otra parte, el Poder Ejecutivo justificó la decisión de extender el congelamiento de los aumentos de los servicios a raíz de la emergencia pública en materia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
«La situación de emergencia sanitaria que se está atravesando en el marco de la pandemia de COVID-19 y la consecuente disminución de la circulación de personas para mitigar los contagios configuran una situación de urgencia que impone la necesidad de otorgar una inmediata protección de estos derechos», subraya el DNU.
Y remarca que «en efecto, en este contexto, cobra mayor relevancia aún el acceso a las TIC y a las redes de telecomunicaciones tanto para las empresas como para los y las habitantes de nuestro país».
En su articulado, el DNU ordena incorporar como artículo 15 de la Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones N° 27.078, el siguiente texto: «Se establece que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad».
Luego, sustituye el artículo 48 de la mencionada ley por el siguiente: «Los licenciatarios y las licenciatarias de los servicios de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación».
Y añade: «Los precios de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las TIC en competencia, los de los prestados en función del Servicio Universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, serán regulados por esta. La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad».
Asimismo, el artículo 3° agrega como segundo párrafo del artículo 54 de la Ley N° 27.078, el siguiente texto: «Incorpórase como servicio público, al servicio de telefonía móvil en todas sus modalidades. Los precios de estos servicios serán regulados por la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad».
En el artículo 4°, en tanto, se ordena: «Suspéndese, en el marco de la emergencia ampliada por el Decreto N° 260/20, cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC, incluyendo los servicios de radiodifusión por suscripción mediante vinculo físico o radioeléctrico y los correspondientes al servicio de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades. Esta suspensión se aplicará a los servicios de televisión satelital por suscripción».
Sobre el final, el artículo 5° dispone que «las prestadoras deberán dar adecuada publicidad a lo dispuesto en el presente decreto respecto de los servicios a su cargo», y el artículo 6° designa como Autoridad de Aplicación del presente decreto al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)».
FUENTE: TELAM
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Política

El Gobierno no firmó la declaración del Grupo de Lima contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Lo confirmó Cancillería en un comunicado. Rechazan el apoyo a Guaidó y la posibilidad de una intervención “extrarregional”.

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El Gobierno nacional decidió no firmar el duro documento del Grupo Lima contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. A través de un comunicado difundido por Cancillería este martes, adujeron que deja abierta la posibilidad de una “intervención extrarregional”.

“Argentina no suscribe esta declaración. No se condice con la posición de nuestro país. Así se lo transmitió esta Cancillería a los países miembros, al tiempo que manifestamos nuestra preocupación sobre las posibles implicancias del pronunciamiento y apelamos a la reflexión”, señala el texto.

Sí a Bachelet, no a Guaidó y a una “intervención extrarregional”

Además de suscribir al informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michele Bachelet, sobre graves violaciones a los derechos humanos de parte del régimen venezolano, el documento enviado por el Grupo Lima pide investigar las conexiones del gobierno de Maduro «con el crimen organizado, el terrorismo y las redes de corrupción transnacionales, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando”. Y por último, reclama elecciones libres con un expreso aval a Juan Guaidó.

Sobre el titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, el comunicado emitido por el Gobierno sostiene que “la referida declaración expresa su apoyo a un supuesto mandatario al que la Argentina no reconoce y quien nunca tuvo el ejercicio efectivo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”.

En la misma línea de cuestionamientos, Cancillería expresó su “preocupación” por “el llamado del Grupo de Lima a una convergencia con actores internacionales para una respuesta común hacia la ‘restauración de la democracia y el Estado de Derecho’. Este llamado a una intervención extrarregional, que surge de modo casi abierto del comunicado del día de hoy, no se corresponde con la gravedad de los problemas ni con el tipo de desafíos que enfrenta Venezuela”.

Sin embargo, el documento emitido por la gestión de Alberto Fernández optó por “reiterar su apoyo al valioso trabajo que viene realizando la Alta Comisionada Michelle Bachelet dentro de Venezuela desde 2019, mediante el registro de testimonios y denuncias, y cuya actualización fue presentada este año en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

”La Argentina comparte con la comunidad internacional la profunda preocupación por la situación de violaciones a los derechos humanos y exhorta al Gobierno venezolano a investigar, juzgar y castigar a los responsables», subraya el comunicado.

“Como país receptor de un importante flujo de migrantes venezolanos, Argentina entiende el impacto regional en materia migratoria. En este sentido, reafirma nuestro compromiso con una eficiente respuesta a la crisis migratoria y humanitaria venezolana desde un enfoque de derechos humanos. Argentina ha sido y continuará siendo un país receptor de inmigrantes, manteniendo incólume la igualdad de derechos civiles, sociales y económicos entre nacionales y extranjeros”, agrega el texto.

Por último, Cancillería expresa que la Argentina “confía en la gran vocación democrática del pueblo venezolano. Creemos que sólo por la vía electoral puede establecerse de manera pacífica y racional una ruta consensuada e inclusiva para resolver las diferencias políticas en Venezuela, respetando su Constitución.

“Argentina mantendrá siempre su compromiso con la defensa de los derechos humanos y sostendrá los principios de no injerencia, paz y resolución política y democrática de la crisis venezolana”, cierra el documento.

Heridas internas

La posición del Gobierno nacional se definió tras las heridas que abrió en el kirchnerismo duro el apoyo oficial al informe de la ONU sobre violación de Derechos Humanos en Venezuela, que se tradujo la semana pasada en la renuncia de Alicia Castro a ser embajadora en Rusia.

La exfuncionaria kirchnerista, que aún no había asumido en el cargo ya que estaba pendiente el tratamiento de su pliego en el Senado, desistió de instalarse en Moscú luego de la postura de la gestión de Alberto Fernández ante el informe de Bachelet. “No estoy de acuerdo con la la actual política de Relaciones Exteriores”, argumentó Castro.

Además de calmar ánimos en la fracción más alineada a Cristina Kirchner, el Gobierno nacional buscó también despegarse de lo que varios de sus funcionarios ven como la “derecha neoliberal latinoamericana”.

Quiénes firmaron el documento contra Maduro

El documento emitido este martes por el Grupo Lima tiene siete puntos y lleva la firma de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y la propia Venezuela, a través de la Asamblea Nacional presidida por Guaidó.

Además de rechazar la declaración, la Cancillería tampoco envió un representante a la reunión virtual de ministros celebrada por el Grupo Lima. La Argentina todavía forma parte del foro y tuvo una presencia muy activa durante la gestión de Mauricio Macri.

Con información de: TN

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Espectáculos

Dady Brieva: “Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de Julio”

Luego de esa frase, el cómico kirchnerista recibió fuertes críticas en redes sociales. Se refirió de esa manera a la marcha de este domingo en distintos puntos del país.

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Dady Brieva volvió a lanzar una polémica frase, que en este caso es repudiable. En relación a la marcha opositora al gobierno nacional que se llevó a cabo en distintos puntos del país este lunes 12 de octubre, en su programa de radio tiró: “Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de Julio”. Y después comentó que “hay una Argentina que debería estar unida, pero no lo está y no es por culpa nuestra”.

El actor santafesino abrió su programa “Volver mejores” en el El Destape Radio haciendo un comentario sobre la marcha del 12 de octubre en el Obelisco de Buenos Aires: “Unas ganas de agarrar un camión N1 619 y jugar al bowling por la 9 de julio… no te das una idea”, disparó. E inmediatamente generó cientos de comentarios.

Luego agregó: “Hay una Argentina que debería estar unida, pero no lo está y no es por culpa nuestra”. Y pidió “legalizar y darle una amnistía a este estado de ánimo que es de una guerra”.

No conforme con eso, Brieva continuó: “Me parece que nosotros fallamos cuando estamos apuntando y enfrente vemos a un tipo que podría tener una madre y (pensás) que la vas a dejar sin hijo porque el domingo es el día de la madre, y ahí nos pone un tiro en la cabeza”.

“Me parece que fallamos en eso porque somos escrupulosos y porque tenemos una discapacidad para hacer el mal -analizó el actor-, porque consideramos que la Patria es el otro y que el que tenemos enfrente también es el otro. Entonces nos pasan cosas como esta», añadió.

Molesto por las imágenes que veía en ese momento, Dady se preguntó al aire: “¿Hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Cuál va a ser el límite? Me parece que estamos soportando mucho por esto de querer el bien… Me parece que estamos aguantando mucho la cantidad de cascotazos que diariamente (nos tiran) desde las 7 de la mañana”.

“Yo aguanto porque si digo algo después se arma quilombo”, intentó bajar el tono. Pero después arremetió: “Esto cada vez va a ser peor. Se sigue mojando la oreja y no tiene fin… Va a llevar lamentablemente a (tener) otro comportamiento”.

“A nosotros nos tienen amordazados y en casa, pero es una olla a presión que puede no terminar bien”, remató.

Algunos de los tuit en respuesta al cómico

Con información de: LT10

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Política

La ESI se vuelve a debatir en la Legislatura

Esta previsto que en la jornada de este jueves se trate nuevamente los proyectos de ley de Educación Sexual Integral. La palabra de la diputada provincial del bloque Somos Vida, Betina Florito.

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En la jornada de este jueves, se espera que se trate en Diputados el proyecto de Ley de Educación Sexual Integral (ESI).

A principios de septiembre, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de Diputados elaboró un dictamen por amplia mayoría que sintetiza cinco proyectos de ley, presentados por Agustina Donnet (Igualdad y Participación), Gisel Mahmud (PS), Leandro Busatto (PJ) y los celestes Betina Fiorito y Nicolás Mayoraz.

Ese texto establece que la educación sexual integral santafesina se brindará con «perspectiva de derechos humanos, género y diversidades sexuales».

Con relación a este dictamen de mayoría, la diputada provincial del bloque Somos Vida, Betina Florito explicó que están “bastante preocupados. Siempre estuvimos abiertos al dialogo, para que sea una ley que nos represente a todos, que sea plural”.

Sin embargo, asegura que “no estamos sintiéndonos muy representados. Hay cuestiones que nos hacen mucho ruido. Por ejemplo que se habla de los derechos no reproductivos que hacen alusión al aborto como un derecho, cuando no lo es y menos a nivel educativo”.

También ponen en esa zona de ruido el “un lenguaje inapropiado al hablar de promover conductas placenteras o asegurar el derecho al placer sexual, cuando se sabe que son muy subjetivas y acorde a cada persona. Pueden dar a malas interpretaciones al momento de buscar en ese objetivo una acción para una actividad educativa”.

Por otro lado, afirma que “la ley tiene que ser muy clara y el lenguaje tiene que ser lo más apropiado posible”.

Finalmente, la diputada declaró por El Cuarto Poder, que están “totalmente de acuerdo con que haya una ley, que sea de nuestra provincia, que tiene que ser obligatoria y dada a nivel educativa”, pero en la cual consideran de gran importancia la “participación activa de los padres, sobre todo en la etapa de la primera infancia. También pedimos que se respete el ideario de las instituciones”.

FUENTE: LT10

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