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Exclusivo: las declaraciones completas de los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa

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Infobae accedió a las transcripciones de las indagatorias a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Blas Cinalli. El rechazo a la fiscal Zamboni y la victimización como estrategias de defensa

Este miércoles por la mañana, un día después de una multitudinaria marcha en Plaza Congreso para pedir justicia por el caso, los ocho rugbiers acusados de golpear a Fernando Báez Sosa hasta la muerte se presentaron uno por uno ante la fiscal que los acusa, Verónica Zamboni, para finalmente ser indagados luego de más de un mes de silencio. Se habían negado a declarar luego de ser detenidos el 18 de enero pasado, el mismo día del crimen.

Hasta mediados de la tarde de ayer, cuatro de ellos habían hablado, asistidos por su abogado, Hugo Tomei: fueron Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Blas Cinalli.

Sin embargo, ninguno pidió disculpas, ninguno se quebró, ninguno accedió a responder preguntas. Por el contrario, todos ellos cuestionaron a Zamboni, dijeron desconfiar de ella, se quejaron de aparentes errores procesales en vez de hablar del crimen del que se los acusa y hasta pidieron la presencia del juez David Mancinelli como garantía.

Máximo Thomsen, el principal acusado y el más complicado de los ocho jóvenes de Zárate imputados de la autoría material del crimen, dijo luego de que enumeraran la larga serie de pruebas en su contra, el paso típico antes de que un acusado sea indagado:


“Primero quiero saber si todo eso es lo que se me tenía que leer desde el primer día, que a mí no me explicaron nada el primer día, nos tuvieron ahí parados todos juntos sin explicarnos nada. Lo único que se nos explicó es que la noche anterior se le había entregado a una familia un pibe en un cajón… Nosotros no sabíamos nada. Y al no saber nada, nunca tener un antecedente penal, nosotros confiamos en la Justicia y después nos dimos cuenta que la fiscal nos mintió en la cara”.

Luego, Thomsen continuó: “Nos hizo pasar a firmar papeles en distintas oficinas, que esos papeles nos enteramos que decían que nos habían mostrado las fotos, videos y que nos habían explicado el hecho y en realidad no se nos había explicado nada. Yo había pedido tres veces que nos muestren el video para saber de qué se nos estaba acusando porque todavía no sabíamos qué había pasado. Sólo sabíamos que había un chico fallecido y se nos negó a mostrar el video. Nos empezó a decir que no nos lo podía mostrar las tres veces que yo le pedí”.
«Nos mintió que nos había mostrado el expediente y que se había leído y no era cierto. Nosotros nos sentimos muy frustrados por la Justicia. No se nos explicó nada. Nos dijeron cosas que no entendimos y nunca se nos dio el espacio para que nos expliquen qué era lo que estaba pasando. A nosotros nos condenó la sociedad antes que cualquier juez o fiscal. Nos condenaron los medios diciendo todo lo que supuestamente había pasado. Ellos tenían los videos y nosotros nos enteramos por nuestras familias el día de visitas, ya privados de nuestra libertad. Nos enteramos todo lo que había pasado ese día porque nunca nos lo habían explicado”, continuó.
“Quiero que sepan que nosotros estamos dispuestos a declarar desde el primer día, pero como no entendíamos qué es lo que estaba sucediendo, nos mintieron. En la fiscalía fue un trámite. Como era de noche, se ve que la fiscal estaba apurada. No se nos explicó nada. Se ve que se quería ir. Nos mintieron para que nos vayamos más rápido. Siempre privados de la libertad, no podíamos comunicarnos con nadie», siguió.
En ese momento, la fiscal Verónica Zamboni le pregunta a Thomsen si va a responder preguntas en relación al asesinato de Fernando, a lo que el detenido respondió: “No, porque no confío en la fiscal, porque se nos mintió desde el primer día. Voy a presentar un escrito”, finalizó.

Ciro Pertossi hizo lo mismo. Apuntó contra la fiscal y contra los medios y habló de la situación en la cárcel: “Yo declararía pero no en frente de la doctora Zamboni porque me genera cierta desconfianza, ya que no sé si lo que voy a decir acá va a salir en los medios, como ya estuvo pasando que se filtraron cosas, que por los únicos que nos enteramos del caso fue por otros internos. Nosotros lo único que queremos es que todo esto termine. Nosotros tenemos ganas de declarar porque ya no soportamos la presión de los medios y de los presos que nos vienen amenazando cada día», aseguró.
Nuevamente, como sucede en este tipo de declaraciones, la fiscal Zamboni le consultó a Pertossi si iba a declarar sobre lo que había sucedido aquella noche y este, al igual que Thomsen, se negó: “No voy a responder preguntas. Porque como ya dije, me genera desconfianza la fiscal Zamboni, ya que desde un principio no supimos de qué se nos acusaba. Por el único medio fue por los internos. Sentimos que nos mintió y que nos escondió cosas. Pedimos desde el primer día videos que no pudimos ver y hasta el día de hoy no vimos”.
Antes de finalizar su declaración, Pertossi le dijo una frase directamente al juez David Mancinelli, presente en las indagatorias a pedido de los acusados: “Imagínese que si un simple policía con las esposas me abre una herida de una operación que tengo en la muñeca izquierda, lo que me podrían hacer los internos del penal».

Luego, Enzo Comelli, quien trabajaba como patovica, señalado por golpizas en Zárate, continuó en la misma línea y aseguró estar aterrado en la cárcel.
“Hoy, ante la fiscal, no me siento conforme para declarar sobre el hecho; sí sobre mi disgusto sobre el proceso. Alegando todo esto, además de la desconfianza que le tenemos a la fiscal sobre el hecho, tenemos mucho miedo de la justicia que nos hacen los medios. Tengo mucho miedo, por ejemplo, estando dentro de la cárcel, del penal de Dolores. Recibimos muchos insultos y amenazas de parte de los otros internos por ventanas a la madrugada, a la tarde, a toda hora. Por el hecho de que si nos hacían daño el abogado Burlando y su estudio los iban a defender, como que estaba todo arreglado. Que si ellos nos lastimaban, Burlando los defendía».
Continuó: “Nos quieren asustar afilando las puntas debajo de nuestras ventanas, gritando nuestros apellidos reiteradamente, grabando videos esperándonos en los pabellones. Cuando pasan por la puerta de la alcaidía donde nosotros estamos le propinan golpes a la puerta, en tono de agresividad a nosotros. Y nosotros sentimos que toda la culpa, además de la fiscal por mentirnos y ocultarnos tanta información y privarnos de la libertad ilegítimamente, es culpa de los medios y de la información que se filtra desde la investigación. Por ejemplo, los audios y las imágenes que se tomaron en las ruedas de reconocimiento. Creo que quedó claro”.
El quinto en pasar a ser entrevistado fue Ayrton Viollaz, quien en su caso directamente optó por negarse a declarar. A su turno, Lucas y Luciano Pertossi hicieron lo mismo. Matías Benicelli, en tanto, prefirió apegarse a la estrategia de los demás y fue contra la fiscal, acusándola de “mentirosa”, informaron fuentes de la investigación a Infobae.
Los otros dos imputados en la causa, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, quienes se encuentran en libertad y están acusados de partícipes necesarios, están citados para mañana jueves.

Fuente: Infobae


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Fue hallado decapitado en basural: Hablan de brutal crimen por «odio religioso»

En medio de un ritual a «San La Muerte», decapitaron y destriparon a un hombre que estaba desaparecido desde el 28 de septiembre. El brutal asesinato, conmueve a una pequeña localidad de unos dos mil habitantes en Santa Fe.

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Un hombre fue destripado y decapitado para luego ser enterrado en medio de un sacrificio ritual ofrecido a «San la Muerte» celebrado en el pueblo de Amenábar, al sudoeste de Santa Fe, y por el brutal crimen hay un detenido.
El brutal asesinato que conmueve a esa pequeña localidad de unos dos mil habitantes, tuvo como víctima a Marcos Correa, de 39 años.
El cuerpo de Correa fue encontrado decapitado y con el corazón extraído, y las sospechas apuntan a que aún se encontraba vivo cuando se inició su sacrificio.

Según la información difundida por el diario La Capital de Rosario, Correa, quien se encontraba casi en situación de calle y tenía problemas de adicciones, había sido visto por última vez el 28 de septiembre pasado y el 4 de octubre su familia denunció su desaparición.
El hombre fue buscado por policías y vecinos en forma intensa, hasta el 13 de octubre pasado, cuando un poblador llamó a las autoridades, dijo que otro vecino le había confesado el asesinato y brindó precisiones sobre el lugar en el que se encontraba enterrado el cuerpo.
El cadáver fue hallado en un basural y a pocos metros de un altar a «San la Muerte», un objeto de devoción pagano no reconocido por la Iglesia Católica.

De inmediato se ordenó la detención del sospechoso del asesinato, sobre quien se reunieron varias pruebas que corroboran su participación en el hecho, indicaron fuentes ligadas a la investigación.
El detenido, de 34 años, fue imputado por «homicidio triplemente agravado por ensañamiento, alevosía y odio religioso» por el fiscal Eduardo Lago, quien además pidió con éxito la «prisión preventiva sin plazo».
El presunto homicida, un trabajador rural, fue alojado en la Alcaldía de Melincué, a la espera de un juicio en el que podría recibir la pena de «prisión perpetua».

Marcos Correa tenía 39 años y vivía en Amenábar, localidad de unos 2 mil habitantes ubicada en el extremo suroeste de la provincia, a 230 kilómetros de Rosario. Llevaba una vida bastante marginal, sufría de adicciones y estaba prácticamente en situación de calle, aunque tenía familia.
«Nunca, en mis 15 años de ejercicio como fiscal, me había tocado investigar un crimen tan aberrante, cometido con tanto odio y tanta saña. Esto es el mal en estado puro, no es locura, es una opción consciente por el mal». Con estas palabras, el fiscal de Rufino, Eduardo Lago, define el asesinato de Marcos Correa, cuyo cuerpo fue hallado en un basural de Amenábar, departamento General López, con signos de destrucción indescriptibles. Un crimen donde se mezclan el odio, el pensamiento mágico y ciertos rituales mortuorios. Por el caso, fue imputado el martes de esta semana Carlos L., quien permanece detenido sin plazo, y a quien se le pedirá la prisión perpetua. Fuente: (LaCapital).-

Fuente: El Once

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Intento de femicidio en Moreno: apuntó con un arma a sus hijos, su mujer los cubrió y le pegó cinco balazos

Jessica Fernández está internada en grave estado. Ordenaron la captura internacional de su pareja.

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Jessica Fernández recibió cinco disparos y está internada con pronóstico reservado en el Hospital Mariano y Luciano de La Vega de Moreno. Las balas en realidad estaban dirigidas a sus dos hijos, de 3 y 4 años. Pero cuando su pareja y padre de los chicos amenazó con matarlos, ella los cubrió con su propio cuerpo y evitó una masacre.

Justino Del Valle Ríos descargó el tambor de su revólver calibre 22 contra la mujer de 28 años cuando faltaban pocos minutos para las 20 del sábado. Tres proyectiles impactaron en el tórax y el abdomen de la víctima. Otro la hirió en la mano y el último quedó alojado en el brazo izquierdo. Un sexto disparo le rozó la cabeza y terminó incrustado en la heladera, publicó el portal Semanario Actualidad.

Las próximas 48 horas serán claves en la recuperación de la mujer baleada, que pasó seis horas en un quirófano del hospital provincial y ahora permanece internada en la unidad de terapia intensiva.

Tras el violento ataque, se supo que Fernández había denunciado al agresor por violencia de género en septiembre en la UFI Nº 5 y en uno de los Juzgados de Familia del Departamento Judicial. Sin embargo, Del Valle Ríos no cumplió con la medida de exclusión del hogar, violó la perimetral y destrozó a su familia.

La causa es investigada por el fiscal Leandro Ventricelli de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, quien imputó al hombre por el delito de “Homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en grado de tentativa” y ordenó la captura nacional e internacional del acusado.

Hubo 168 femicidios en los primeros siete meses de 2020
Un total de 168 casos de femicidios se registraron entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020 en la Argentina, lo que implica un 15 por ciento más de casos respecto al mismo período del año pasado, según un relevamiento realizado por el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación. El organismo atribuyó el incremento a la dificultad de protección que atravesaron las víctimas durante la cuarentena por el coronavirus.

“El aislamiento social y preventivo contra el coronavirus trajo aparejada la prohibición de la libertad o resguardo de la convivencia de la víctima con su agresor, y con ella, la dificultad de protegerse, independientemente de los diferentes dispositivos de comunicación que se implementaron”

En ese sentido, el organismo remarcó que “el riesgo se mantuvo latente y se advirtió un aumento de casos de femicidios” en comparación al mismo período del 2019, cuando se relevaron 155 homicidios agravados por motivos de género.

El informe del Observatorio detalló que, del total de casos, 13 fueron femicidios vinculados -es decir, aquellos en los que el propósito del agresor es provocar sufrimiento a la víctima, un agravante incluido en el inciso 12 del artículo 80 del Código Penal-, en los que murieron seis mujeres y siete varones.

Además, precisó que fueron asesinadas dos mujeres trans y se produjeron dos “suicidios feminicidas”, categoría con la que se denominan los hechos en los que “las mujeres se quitan la vida como consecuencia de los abusos sistemáticos perpetrados por los hombres”, los cuales aún hoy “siguen impunes”.

Las estadísticas elaboradas destacan que 106 de los femicidios fueron cometidos por la pareja o la expareja de la víctima.

El estudio, a la vez, verificó “la existencia de una relación preexistente entre la víctima y el victimario” en la mayoría de los casos registrados, ya que 74 mujeres fueron asesinadas por su pareja, 32 por su expareja y otras 35 por conocidos o familiares, mientras que un porcentaje menor refiere a desconocidos.

Fuente: TN

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El campo se prepara para un banderazo “a lo Vicentin” en Entre Ríos y el Gobierno sigue de cerca el conflicto de la familia Etchevehere

Productores rurales convocaron a una movilización para este domingo, mientras crece la tensión por la ocupación de la estancia Casa Nueva. Expectativa por una mediación judicial.

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“Muy mala noticia la intervención de Vicentin por decreto. El Estado se mete en una aventura empresarial que ya sabemos que termina con todos los argentinos pagando la fiesta”.

Tres meses y medio pasaron desde esta frase de Luis Miguel Etchevehere sobre el conflicto con la cerealera agroexportadora, que significó para el Gobierno el primer cimbronazo fuerte por fuera de la pandemia.

Desde entonces, la gestión de Alberto Fernández empezó a perder el consenso social que tuvo por su abordaje inicial de la situación sanitaria. En adelante, los dolores de cabeza se fueron sucediendo: entre ellos, las tomas de tierras.

El exministro de Agroindustria ahora vive en carne propia un enfrentamiento familiar que se volvió causa nacional y en el que intervienen algunos sectores del Gobierno. Y el campo está decidido a intervenir en su defensa.

Dirigentes y productores rurales convocaron a un “banderazo federal” en contra de la ocupación de la estancia Casa Nueva. Se llevará a cabo este domingo a las 17 en la localidad entrerriana de Santa Elena, donde se encuentra el terreno en disputa.

La movilización será para pronunciarse a favor de “la libertad de expresión y la propiedad privada”, así como para reclamar el desalojo del lugar del dirigente social Juan Grabois y las personas que lo acompañan.

Horas antes, desde las 9, habrá una conciliación obligatoria entre las partes dictada por el juez subrogante Raúl Flores, quien interviene en el conflicto. Mientras tanto, el magistrado ordenó la “libre circulación” por el terreno de los dos sectores enfrentados.

La resolución judicial llegó tras la apelación realizada por los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, que insisten con el desalojo: pidieron que el grupo liderado por Dolores Etchevehere abandone Casa Nueva, y que la estancia sea restituida a sus hermanos Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián, y a su madre, Leonor Barbero Marcial.

El conflicto con el campo

El malestar dentro del sector agropecuario venía en aumento y terminó de explotar tras la decisión del juez Flores de rechazar el desalojo. A eso se le sumó una medida de protección que el magistrado dictó este viernes a favor de Dolores, por la que instó a la familia a no realizar “actos violentos, molestos o perturbadores” en contra de la mujer ni a “difamarla”.

Pero cada día es una fábrica de nuevos capítulos en este conflicto. Y este sábado pasó de todo: Luis Etchevehere denunció la llegada de “11 vehículos y más de 30 personas” para reforzar la toma. Y Leonor Barbero Marcial alzó la voz por primera vez ante los medios: «Mis hijos y yo nos vamos a parar frente al cartel que dice Casa Nueva y que nos pasen por encima. Si se animan, que nos lleven presos”, desafió.

“Todos a Santa Elena por la libertad de expresión y la propiedad privada. Fuera Grabois”, señala la consigna del banderazo convocado por los productores rurales. Y el domingo promete sumar nuevos ribetes a esta disputa.

El Gobierno, en alerta

Los funcionarios de primera plana del Gobierno siguen de cerca la trama casi desde el inicio.

El conflicto trascendió a nivel nacional luego de que Dolores Etchevehere autorizara a trabajadores rurales y movimientos sociales vinculados a Juan Grabois, también su abogado, a desarrollar allí el Proyecto Artigas, una iniciativa agroecológica. Todo en medio de la disputa familiar por los bienes de la sucesión de Luis Félix, quien murió hace once años.

“Respeto a la gente de campo. Vengo de familia chacarera, entrerriana del lado paterno, santafesina del materno. Etchevehere no es eso. Es un estafador, cobarde, corrupto y violento que se cree impune. Muchos le tienen miedo. Nosotros no. Su mafia va a caer y el Artigas va a vencer”, tuiteó en la noche del domingo el dirigente social cercano al oficialismo.

Gabriela Carpineti, directora nacional de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia, se sumó al grupo este jueves. Incluso, de forma inesperada la titular del INADI, Victoria Donda, irrumpió en una audiencia judicial a favor de Dolores.

Este sábado se pronunció otra funcionaria nacional: Elizabeth Gómez Alcorta, que criticó a Luis Etchevehere en un video que lo mostró en actitud desafiante en la puerta de Casa Nueva.

“Las medidas judiciales tienen como objetivo proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. La restricción perimetral busca asegurar la integridad física y psíquica de las personas y, en casos como este, son herramientas para frenar las violencias de género”, cuestionó la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

“La cuestión de fondo es que acá un estudio de abogados presta una fuerza de choque, mete 40 tipos en un campo, tiene la Justicia a favor, los funcionarios nacionales a favor, complicidad del Gobierno nacional y Gobierno provincial, a cambio de un 40 por ciento: ese es el negocio de Grabois”, había lanzado, horas atrás, el expresidente de la Sociedad Rural.

Fuente: TN

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