Un hombre fue destripado y decapitado para luego ser enterrado en medio de un sacrificio ritual ofrecido a «San la Muerte» celebrado en el pueblo de Amenábar, al sudoeste de Santa Fe, y por el brutal crimen hay un detenido.
El brutal asesinato que conmueve a esa pequeña localidad de unos dos mil habitantes, tuvo como víctima a Marcos Correa, de 39 años.
El cuerpo de Correa fue encontrado decapitado y con el corazón extraído, y las sospechas apuntan a que aún se encontraba vivo cuando se inició su sacrificio.

Según la información difundida por el diario La Capital de Rosario, Correa, quien se encontraba casi en situación de calle y tenía problemas de adicciones, había sido visto por última vez el 28 de septiembre pasado y el 4 de octubre su familia denunció su desaparición.
El hombre fue buscado por policías y vecinos en forma intensa, hasta el 13 de octubre pasado, cuando un poblador llamó a las autoridades, dijo que otro vecino le había confesado el asesinato y brindó precisiones sobre el lugar en el que se encontraba enterrado el cuerpo.
El cadáver fue hallado en un basural y a pocos metros de un altar a «San la Muerte», un objeto de devoción pagano no reconocido por la Iglesia Católica.

De inmediato se ordenó la detención del sospechoso del asesinato, sobre quien se reunieron varias pruebas que corroboran su participación en el hecho, indicaron fuentes ligadas a la investigación.
El detenido, de 34 años, fue imputado por «homicidio triplemente agravado por ensañamiento, alevosía y odio religioso» por el fiscal Eduardo Lago, quien además pidió con éxito la «prisión preventiva sin plazo».
El presunto homicida, un trabajador rural, fue alojado en la Alcaldía de Melincué, a la espera de un juicio en el que podría recibir la pena de «prisión perpetua».

Marcos Correa tenía 39 años y vivía en Amenábar, localidad de unos 2 mil habitantes ubicada en el extremo suroeste de la provincia, a 230 kilómetros de Rosario. Llevaba una vida bastante marginal, sufría de adicciones y estaba prácticamente en situación de calle, aunque tenía familia.
«Nunca, en mis 15 años de ejercicio como fiscal, me había tocado investigar un crimen tan aberrante, cometido con tanto odio y tanta saña. Esto es el mal en estado puro, no es locura, es una opción consciente por el mal». Con estas palabras, el fiscal de Rufino, Eduardo Lago, define el asesinato de Marcos Correa, cuyo cuerpo fue hallado en un basural de Amenábar, departamento General López, con signos de destrucción indescriptibles. Un crimen donde se mezclan el odio, el pensamiento mágico y ciertos rituales mortuorios. Por el caso, fue imputado el martes de esta semana Carlos L., quien permanece detenido sin plazo, y a quien se le pedirá la prisión perpetua. Fuente: (LaCapital).-

Fuente: El Once

Jessica Fernández recibió cinco disparos y está internada con pronóstico reservado en el Hospital Mariano y Luciano de La Vega de Moreno. Las balas en realidad estaban dirigidas a sus dos hijos, de 3 y 4 años. Pero cuando su pareja y padre de los chicos amenazó con matarlos, ella los cubrió con su propio cuerpo y evitó una masacre.

Justino Del Valle Ríos descargó el tambor de su revólver calibre 22 contra la mujer de 28 años cuando faltaban pocos minutos para las 20 del sábado. Tres proyectiles impactaron en el tórax y el abdomen de la víctima. Otro la hirió en la mano y el último quedó alojado en el brazo izquierdo. Un sexto disparo le rozó la cabeza y terminó incrustado en la heladera, publicó el portal Semanario Actualidad.

Las próximas 48 horas serán claves en la recuperación de la mujer baleada, que pasó seis horas en un quirófano del hospital provincial y ahora permanece internada en la unidad de terapia intensiva.

Tras el violento ataque, se supo que Fernández había denunciado al agresor por violencia de género en septiembre en la UFI Nº 5 y en uno de los Juzgados de Familia del Departamento Judicial. Sin embargo, Del Valle Ríos no cumplió con la medida de exclusión del hogar, violó la perimetral y destrozó a su familia.

La causa es investigada por el fiscal Leandro Ventricelli de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, quien imputó al hombre por el delito de “Homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en grado de tentativa” y ordenó la captura nacional e internacional del acusado.

Hubo 168 femicidios en los primeros siete meses de 2020
Un total de 168 casos de femicidios se registraron entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020 en la Argentina, lo que implica un 15 por ciento más de casos respecto al mismo período del año pasado, según un relevamiento realizado por el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación. El organismo atribuyó el incremento a la dificultad de protección que atravesaron las víctimas durante la cuarentena por el coronavirus.

“El aislamiento social y preventivo contra el coronavirus trajo aparejada la prohibición de la libertad o resguardo de la convivencia de la víctima con su agresor, y con ella, la dificultad de protegerse, independientemente de los diferentes dispositivos de comunicación que se implementaron”

En ese sentido, el organismo remarcó que “el riesgo se mantuvo latente y se advirtió un aumento de casos de femicidios” en comparación al mismo período del 2019, cuando se relevaron 155 homicidios agravados por motivos de género.

El informe del Observatorio detalló que, del total de casos, 13 fueron femicidios vinculados -es decir, aquellos en los que el propósito del agresor es provocar sufrimiento a la víctima, un agravante incluido en el inciso 12 del artículo 80 del Código Penal-, en los que murieron seis mujeres y siete varones.

Además, precisó que fueron asesinadas dos mujeres trans y se produjeron dos “suicidios feminicidas”, categoría con la que se denominan los hechos en los que “las mujeres se quitan la vida como consecuencia de los abusos sistemáticos perpetrados por los hombres”, los cuales aún hoy “siguen impunes”.

Las estadísticas elaboradas destacan que 106 de los femicidios fueron cometidos por la pareja o la expareja de la víctima.

El estudio, a la vez, verificó “la existencia de una relación preexistente entre la víctima y el victimario” en la mayoría de los casos registrados, ya que 74 mujeres fueron asesinadas por su pareja, 32 por su expareja y otras 35 por conocidos o familiares, mientras que un porcentaje menor refiere a desconocidos.

Fuente: TN

“Muy mala noticia la intervención de Vicentin por decreto. El Estado se mete en una aventura empresarial que ya sabemos que termina con todos los argentinos pagando la fiesta”.

Tres meses y medio pasaron desde esta frase de Luis Miguel Etchevehere sobre el conflicto con la cerealera agroexportadora, que significó para el Gobierno el primer cimbronazo fuerte por fuera de la pandemia.

Desde entonces, la gestión de Alberto Fernández empezó a perder el consenso social que tuvo por su abordaje inicial de la situación sanitaria. En adelante, los dolores de cabeza se fueron sucediendo: entre ellos, las tomas de tierras.

El exministro de Agroindustria ahora vive en carne propia un enfrentamiento familiar que se volvió causa nacional y en el que intervienen algunos sectores del Gobierno. Y el campo está decidido a intervenir en su defensa.

Dirigentes y productores rurales convocaron a un “banderazo federal” en contra de la ocupación de la estancia Casa Nueva. Se llevará a cabo este domingo a las 17 en la localidad entrerriana de Santa Elena, donde se encuentra el terreno en disputa.

La movilización será para pronunciarse a favor de “la libertad de expresión y la propiedad privada”, así como para reclamar el desalojo del lugar del dirigente social Juan Grabois y las personas que lo acompañan.

Horas antes, desde las 9, habrá una conciliación obligatoria entre las partes dictada por el juez subrogante Raúl Flores, quien interviene en el conflicto. Mientras tanto, el magistrado ordenó la “libre circulación” por el terreno de los dos sectores enfrentados.

La resolución judicial llegó tras la apelación realizada por los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, que insisten con el desalojo: pidieron que el grupo liderado por Dolores Etchevehere abandone Casa Nueva, y que la estancia sea restituida a sus hermanos Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián, y a su madre, Leonor Barbero Marcial.

El conflicto con el campo

El malestar dentro del sector agropecuario venía en aumento y terminó de explotar tras la decisión del juez Flores de rechazar el desalojo. A eso se le sumó una medida de protección que el magistrado dictó este viernes a favor de Dolores, por la que instó a la familia a no realizar “actos violentos, molestos o perturbadores” en contra de la mujer ni a “difamarla”.

Pero cada día es una fábrica de nuevos capítulos en este conflicto. Y este sábado pasó de todo: Luis Etchevehere denunció la llegada de “11 vehículos y más de 30 personas” para reforzar la toma. Y Leonor Barbero Marcial alzó la voz por primera vez ante los medios: «Mis hijos y yo nos vamos a parar frente al cartel que dice Casa Nueva y que nos pasen por encima. Si se animan, que nos lleven presos”, desafió.

“Todos a Santa Elena por la libertad de expresión y la propiedad privada. Fuera Grabois”, señala la consigna del banderazo convocado por los productores rurales. Y el domingo promete sumar nuevos ribetes a esta disputa.

El Gobierno, en alerta

Los funcionarios de primera plana del Gobierno siguen de cerca la trama casi desde el inicio.

El conflicto trascendió a nivel nacional luego de que Dolores Etchevehere autorizara a trabajadores rurales y movimientos sociales vinculados a Juan Grabois, también su abogado, a desarrollar allí el Proyecto Artigas, una iniciativa agroecológica. Todo en medio de la disputa familiar por los bienes de la sucesión de Luis Félix, quien murió hace once años.

“Respeto a la gente de campo. Vengo de familia chacarera, entrerriana del lado paterno, santafesina del materno. Etchevehere no es eso. Es un estafador, cobarde, corrupto y violento que se cree impune. Muchos le tienen miedo. Nosotros no. Su mafia va a caer y el Artigas va a vencer”, tuiteó en la noche del domingo el dirigente social cercano al oficialismo.

Gabriela Carpineti, directora nacional de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia, se sumó al grupo este jueves. Incluso, de forma inesperada la titular del INADI, Victoria Donda, irrumpió en una audiencia judicial a favor de Dolores.

Este sábado se pronunció otra funcionaria nacional: Elizabeth Gómez Alcorta, que criticó a Luis Etchevehere en un video que lo mostró en actitud desafiante en la puerta de Casa Nueva.

“Las medidas judiciales tienen como objetivo proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. La restricción perimetral busca asegurar la integridad física y psíquica de las personas y, en casos como este, son herramientas para frenar las violencias de género”, cuestionó la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

“La cuestión de fondo es que acá un estudio de abogados presta una fuerza de choque, mete 40 tipos en un campo, tiene la Justicia a favor, los funcionarios nacionales a favor, complicidad del Gobierno nacional y Gobierno provincial, a cambio de un 40 por ciento: ese es el negocio de Grabois”, había lanzado, horas atrás, el expresidente de la Sociedad Rural.

Fuente: TN